Proponen hoja de ruta para atender a personas afectadas por el conflicto armado

La falta de seguridad, garantías al acceso a la información y la poca disponibilidad de recursos  por parte de los entes territoriales para avanzar en la implementación de la política pública de la Ley 1448, fueron algunas de las observaciones hechas por los delegados de los diferentes municipios que participan en las Mesas  de Víctimas del Conflicto Armado.

El evento que se desarrolla en el hotel Casa Blanca desde este lunes y que culminará el próximo miércoles, contó con la presencia del gobernador e) Cristian Buitrago Rueda; Nohora Oliveros, secretaria de Gobierno; William González, Defensor Regional del Pueblo; Luis Alberto Rojas, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas en Norte de Santander.

Buitrago Rueda, indicó que de acuerdo con las cifras de la Red Nacional de Información (RNI) que administra la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en Norte de Santander hay 98.000 víctimas, de las cuales 4.000 de ellas han sido desplazadas de sus lugares de origen..

Aseguró, que  existe un compromiso puntual en la estructuración de un Plan de Acción Territorial –PAT, que consiste en trazar una hoja de ruta para atender los requerimientos de las personas afectadas.

Expresó, que con la realización de este encuentro se  fortalece la participación de las víctimas en los planes de acción de cada municipalidad, permitiendo a su vez, la formulación y ajustes al PAT 2015 en el componente de prevención, protección, asistencia y atención integral para las personas afectadas.

Luis Alberto Rojas, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Victimas en Norte de Santander, aseguró que otro de los factores que preocupada a la comunidad víctima del conflicto armado es la educación, indicando que  existen  obstáculos que impiden brindar una educación incluyente y de calidad a toda la población y en especial a estas personas.

Rosmery Araujo, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Ocaña adujo que existen dificultades en la participación efectiva de las cerca de 16.000 víctimas en cuanto al protocolo de participación,  al desconocimiento  y orientación oportuna  de los mecanismos de reparación integral.

Expresó,  que existe preocupación en la población civil porque hay presencia en de grupos armados ilegales en la zona rural, siendo estos los responsables de desplazamientos forzados, intimidaciones y de homicidios en contra de reclamantes de tierras y sus líderes.

Raquel Torrado, coordinadora de Villa Caro dijo, que el municipio es receptor de desplazados por la violencia, habiendo hasta el momento 123 personas en busca de reparación.

Propuso revisar los requisitos para acceder a los créditos educativos  y que estos no se conviertan en obstáculos infranqueables para las víctimas y que la oferta no se concentre en las capitales de departamento, sino que tenga en cuenta las necesidades de las zonas más apartadas.

Sobre la garantía de no repetición, María Eufemia Cogollo coordinadora de Hacarí,  dijo que  inquieta la dificultad para alcanzar garantías de no repetición en el actual contexto de violencia que se vive en el departamento, dada la presencia de actores armados que amenazan, intimidan e incluso siguen asesinando a las víctimas.

Sin embargo destacó que "Existe el compromiso y voluntad de la Gobernación del Departamento y de las Fuerzas Militares en articular esfuerzos para garantizar los derechos de las personas más vulnerables, lo cual se constituye en una de las principales y mayores garantías de no repetición.