101 organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos de las víctimas de todo el país se reunieron con entidades gubernamentales para instalar el espacio de interlocución nacional de participación de víctimas en torno a la ejecución y control de la ley 1448 que busca su reparación integral.
Este jueves 25 de octubre, se instaló el espacio de interlocución nacional transitorio de participación de víctimas, creado para promover la participación de las víctimas y sus defensores en las decisiones públicas en torno a la atención y reparación integral contemplada en la ley 1448, Ley de víctimas, y en el decreto reglamentario 4800.
“Para alcanzar efectivamente la prosperidad social, bandera del gobierno nacional, debemos tener en cuenta la voz y las necesidades de las víctimas. Su participación en la toma de decisiones sobre su propia reparación, así como la de toda la ciudadanía, es vital para lograr la sostenibilidad del proceso a largo plazo, con miras a la reconciliación y a la paz duradera”, aseguró Paula Gaviria, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV).
En total, 101 organizaciones hacen parte de este espacio de interlocución: 77 de ellas representan a organizaciones de víctimas de los 32 departamentos del país; y las restantes 24 organizaciones son defensoras de los derechos de las víctimas, provenientes de 19 departamentos y el Distrito Capital.
La elección de las organizaciones que tienen asiento en la mesa ha sido realizada previamente en los espacios de interlocución municipal y departamental de las organizaciones de víctimas; y en los espacios propios de las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos, respectivamente.
Por parte del Estado, se sentarán a la mesa la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).
“Apelando a la solidaridad y al interés nacional, esperamos contar también con la participación de la sociedad civil y de la empresa privada en este debate sobre las tareas de reparación, reconciliación y construcción de la paz que tenemos pendientes. Una política pública tan ambiciosa requiere una participación amplia y diversa que si bien tiene como punto de partida a las víctimas, no puede dejar de lado al resto de ciudadanos”, enfatizó la Directora.
Los retos
Con un mecanismo de participación ya creado y en marcha en los ámbitos municipal y departamental, el gran reto se centra ahora en fortalecer los procesos nacionales de control social de las víctimas hacia la gestión pública y hacia los espacios de participación promovidos en el marco de la ley de víctimas.
“Confiamos en que la política pública de atención y reparación sea el resultado de un profundo debate en torno a las necesidades y expectativas de las víctimas, pero también de un consenso nacional sólido sobre la importancia de incluir al 12 por ciento de la población del país que ha sufrido de manera directa las inclemencias e injusticias del prolongado conflicto armado que ha vivido el país”, concluyó Paula Gaviria.
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