Contrariados se mostraron el gobernador,
Edgar Díaz Contreras; el ministro de Agricultura, Fernando Estupiñán; la
directora del Inconder, Miryam Villegas y demás miembros del Gobierno Nacional,
ante el retiro de la mesa de
concertación de los representantes del campesinado por la presencia de los
comandantes de la Policía y del Ejército Nacional.
Ante este hecho y la petición de los
marchantes de no aceptar a los altos oficiales
en los diálogos, el Mandatario Seccional sostuvo que es lamentable esta
posición puesto que se había avanzado mucho y ejemplo de ello fue que se pudo
lograr que funcionarios de las diferentes carteras e instituciones del orden Nacional
y Departamental hicieran presencia en
Tibú.
Díaz Contreras, expresó que a pesar de que se
permitió que la reunión que estaba prevista realizar con tan solo 20 personas
en el colegio Francisco José de Caldas
se ampliara a 200, fue imposible instalarla y que los asistentes
aceptaran la exigencia del Ministro de Agricultura de que mientras se estuviera
negociando estuvieran los altos mandos Militares y de Policía.
Precisó que los temas priorizados para ser
analizados en este encuentro eran la erradicación de cultivos, la zona de
reserva campesina, el plan de desarrollo integral para el Catatumbo, el arreglo
de la vía Cúcuta-Tibú, el mejoramiento de los servicios públicos, entre otros, los cuales habían sido propuestos en la
agenda presentada el pasado 14 de junio en la primera reunión realizada en
Cúcuta.
El Jefe de la Administración Departamental,
dijo que de manera conjunta con los representantes del Gobierno Nacional y los
Alcaldes, se había acordado que primero
se escucharían las peticiones de los delegados de los campesinos y
posteriormente los funcionarios del alto gobierno presentarían una propuesta en
torno a la erradicación y las zona de reserva, con el objeto de lograr acuerdos
que beneficiarán a la población en general.
En cuanto a la situación que hoy están
afrontando los habitantes de Tibú, luego de diez días de protesta, que han conllevado
a que haya escases de alimentos y problemas de salubridad, Díaz Contreras, indicó que es lamentable lo
que está sucediendo, puesto que el Gobierno Nacional ha mostrado toda su
voluntad de concertar.
“Así como hemos hecho observaciones con
respecto a que no estábamos de acuerdo en que se erradicara por erradicar, que
era necesario buscar alternativas diferentes para los campesinos, que hubiera
sustitución de cultivos, me parece que no es justificable que se hayan
levantado de la mesa, cuando nosotros estábamos dispuestos en continuar
dialogando” agregó el Gobernador.
El Mandatario Regional y los alcaldes de los
municipios de Tibú, Ocaña, Convención, La Playa, El Tarra, El Carmen, Teorama,
Sardinata, Hacarí y San Calixto, dieron a conocer a través de un documento su
posición en torno a las exigencias presentadas por Ascamcat el pasada 14 de
junio, proponiendo lo siguiente:
-
Solicitar
al Gobierno Nacional la instalación de una mesa de análisis interlocución y
acuerdos (MIA) para estudiar la declaratoria de la zona de reserva campesina
del Catatumbo.
Para tales efectos
deberá definirse en esta mesa de trabajo el cronograma de actividades y
responsables para el seguimiento y consecución de estudios del ZRC, con la
participación de representantes del orden nacional, departamental y municipal.
-
Frente
a la crisis social que vive la comunidad del Catatumbo sugerimos al Gobierno
estudiar y analizar la posibilidad de suspender la erradicación de los cultivos
ilícitos hasta tanto se determine la financiación de proyectos productivos que
garanticen el ingreso a las familias que se encuentran en tal situación de
compromiso social y de ser necesario el otorgamiento temporal de un subsidio.
-
Solicitar
la determinación de alternativas que permitan la continuidad del trabajo para
aquellas familias que ejecutan actividades legales en sus tierras y se han
visto afectadas por los efectos de la erradic.ación.
-
Reconociendo el carácter civil de la Asociación Campesina
del Catatumbo, consideramos pertinente la conformación de la comisión
verificación de derechos humanos conformada por representantes de la OEA, ONU,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo de Ocaña y Cúcuta y el
Obispo de Tibú.
-
Rechazamos
los actos violentos generados en el municipio de Tibú contra entidades de
carácter oficial, contra el alcalde y su familia, así como contra la comunidad
e invitamos a la cordura, la concertación y al dialogo para la consecución de
soluciones que garanticen la prosperidad y el desarrollo de la región del Catatumbo.
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